¿Y el 2 de octubre, qué?

Pedro Arrojo Agudo – Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza

Dos persona no viven juntas si una no quiere; aunque el divorcio sea ilegal … Todos lo sabemos, sea cual sea nuestra ideología. Como también sabemos, sobre todo quienes hemos tenido hijos adolescentes, que prohibir sin más, suele reforzar la motivación para saltarse la prohibición. Ha bastado una legislatura con el PP en el Gobierno, prohibiendo el referéndum en Cataluña, sin más, para que el independentismo haya pasado de menos del 15% a casi el 50%, mientras la famosa “estelada” ha pasado, de ser marginal, a sustituir de facto a la bandera oficial de Cataluña; por no hablar de la aplastante mayoría que reivindica el “derecho a decidir”, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Y para postre, de momento, la amenaza de detener a más de 700 alcaldes y alcaldesas, como aperitivo de lo que vendrá …

En los pasillos del Congreso, más de un diputado del PP me ha reconocido que fue un grave error abrir la campaña de firmas y el recurso ante el Constitucional para tirar abajo el Estatuto de Cataluña, aprobado en el Parlament, en las Cortes y en las urnas… Pero si a esa irresponsable y torpe campaña, añadimos una legislatura de desprecio arrogante de un Presidente Rajoy en mayoría absoluta, el resultado no podía ser otro.

Enfrente, el independentismo, con la inestimable colaboración de D. Mariano Rajoy y D. Albert Ribera, ha jugado encantado a responder desprecios y prohibiciones con su proceso de independencia. Unos y otros saben y reconocen en privado que el callejón del referéndum unilateral no tiene salida. Sin embargo, con la dinámica abierta, lo que eran recelos y desapego entre Cataluña y el resto de España, se transforma día a día, cuando menos, en crecientes dosis de frustración y rencor que alimentan el deseo de independencia de esa España que muchos, en Cataluña, identifican con el autoritarismo rancio de la derecha española.

Cuando se abren confrontaciones de perfiles bélicos, caracterizados por el “conmigo o contra mi”, aunque en este caso el proceso sea rigurosamente cívico y no violento, impugnar esos perfiles es una obligación, cuando menos, de sensatez. Pretender resolver el conflicto con la simple invocación a la ley (en este caso a la Constitución) es como pretender resolver el conflicto en una pareja prohibiendo el divorcio. Incluso el Tribunal Constitucional, aún con toda su carga política partidaria, tuvo la prudencia de dejar abierta la rendija legal de un posible Referéndum Consultivo, a negociar. Sin embargo tan sólo PODEMOS, a nivel estatal, y los “Comunes” de Ada Colau, en Cataluña, han considerado esta opción. Ni siquiera el PSOE se atrevió a hacer aprecio a esta posibilidad. Por cierto, una opción que habría dividido posiblemente al independentismo, abriendo un espacio de diálogo y negociación, antes y después del referéndum, mientras la carga del NO gravitaría sobre los que lo rechazaran. Un referéndum, como ejercicio de libertad de expresión, cuando menos, que muy probablemente habría ofrecido un resultado favorable a una España Federal. ¿Cómo si no se explica el triunfo en las Elecciones Generales de En Comú Podem? Una España que habría que reconstruir, SI, pero desde una perspectiva democrática ilusionante y compartida por todos los pueblos de este país de países, del que espero lleguemos  a estar orgullosos algún día.

De aquí al 1 de octubre me temo que unos y otros van a calentar el depósito de  gasolina; no faltarán torpezas, como la de detener a cientos de alcaldes, prohibir debates sobre el “derecho a decidir” o registrar imprentas y prohibir carteles; incluso podría haber provocaciones que inflamen el país …  Pero en cualquier caso ¿qué hará el Gobierno cuando la gente vote? porque, sin duda, millones de catalanes votarán el 1 de octubre. ¿Y qué hará el Gobierno cuando se lance una proclama de independencia, que no podrá funcionar, pero que podrá lanzarse de facto?

Unos y otros, nos han metido en un callejón sin salida, planteando problemas que no pueden resolver los tribunales, sino que debemos resolver desde el Parlamento. Sólo desde la política, en el noble sentido del término, se pueden y se deben afrontar los problemas políticos; y éste es un problema político. ¿Por qué no tomar en consideración la experiencia de países democráticos, de los que tenemos mucho que aprender en esta materia, como Canadá o la propia Gran Bretaña?

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