Sin transparencia y Justicia, no hay solución

Pedro Arrojo Agudo – Diputado por Zaragoza de Unidos Podemos

 Durante los últimos cinco años, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), como expresión de un amplio movimiento ciudadano que incluye a organizaciones vecinales, sindicatos, organizaciones ecologistas, afectados por presas y trasvases, organizaciones de consumidores etc, ha venido denunciando el Plan de Saneamiento de Aragón como un operativo de privatización del agua tan injusto y opaco como inviable: depuradoras en pueblos deshabitados, con redes innecesarias de transporte y bombeo de aguas cloacales, plantas sobredimensionadas y, sobre todo, tecnologías “intensivas”, inadecuadas para pequeños pueblos, quince veces más caras que las de carácter “extensivo”, adecuadas y eficaces, como se demuestra en Fabara. Un Plan de privatización del saneamiento, con un coste que triplica el de otras Comunidades Autónomas similares, bajo gestión publica, que ha quebrado de facto, a pesar de haberse impuesto un sistema de pagos abusivo e injusto: cobro del ICA y canon de vertido a pueblos estafados, en los que las empresas incumplieron sus contratos al no construir las depuradoras; cobros desmedidos en Huesca, Teruel y cabeceras de comarca, donde las depuradoras son públicas (pagadas por la UE); inminente cobro del ICA a municipios como Zaragoza, que no cedieron competencias, en los que los vecinos ya pagamos nuestras depuradoras al Ayuntamiento …

Cinco años de oídos sordos, arrogancia y autoritarismo por parte de la DGA y del IAA y, de la noche a la mañana, se decide suprimir el Instituto Aragonés del Agua y derogar de un plumazo el Plan de Saneamiento del Pirineo. De repente, la DGA establece una nueva verdad oficial, en gran medida acorde con lo que RAPA ha venido denunciando y argumentando desde hace años, pero eso si, sin despeinarse, sin aclarar responsabilidades y con análoga opacidad a la vigente desde un principio.

Ciertamente, tal y como defendió RAPA desde un principio, la creación del IAA respondió a una voluntad oscura de hacer opaca la gestión administrativa de las escasas competencias de la DGA en materia de aguas (perfectamente gestionables desde una buena Dirección General). Pero, visto lo visto, se trataba de oscurecer la operación de privatización del agua, transformada en un monumental negocio privado bajo sospechosos perfiles de corrupción.

Por todo ello, tras cinco años de lucha contra este tremendo “empandullo”, podríamos concluir que, como dice el dicho popular, “nunca es tarde si la dicha es buena”. Sin embargo, lo que no se puede aceptar es dejar sin aclarar las correspondientes responsabilidades y seguir funcionando, de cara al futuro, con la misma falta de transparencia y de participación ciudadana.

Parece como si, de forma precipitada, y en vísperas del parón veraniego, se pretendiera enterrar al muerto, pero con las responsabilidades y podredumbres debajo.

Hace algún tiempo planteé al Sr. Lambán varias preguntas:

  • ¿Por qué la DGA promovió, y el Ministerio aceptó, que las depuradoras del Pirineo se privatizaran por 20 años, bajo la fórmula de “Concesión de Obra y Servicio”, si se disponía de 169 millones de Euros del Ministerio, a fondo perdido, para construirlas?
  • ¿Por qué la DGA no denunció los contratos incumplidos por las empresas que no construyeron las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios para los Ayuntamientos?
  • ¿Por qué la DGA mantiene su acoso sobre Ayuntamientos, como el de Bielsa, sabiendo que la licitación de sus depuradoras, sin que el Ayuntamiento correspondiente le haya cedido sus competencias, es nula de pleno derecho?
  • Tras haber engañado a los Ayuntamientos del Pirineo y haberles ocultado que disponían de fondos para sus depuradoras ¿cómo es posible que la DGA mantenga esa cláusula abusiva, en los convenios de cesión de competencias, según la cual la responsabilidad del vertido es de los Ayuntamientos, aunque hayan cedido sus competencias a la DGA?
  • ¿Por qué la DGA, habiendo incumplido sus compromisos con los Ayuntamientos, no reconoce como una deuda suya hacia esos Ayuntamientos el ICA pagado indebidamente por sus vecinos + lo pagado a la CHE como Canon de Vertido?

Hoy, no sólo siguen sin respuesta mis preguntas, sino que me veo obligado a plantear otras:

  • Si lo que hasta ahora era “imposible” – rescindir los contratos incumplidos con exigencia de daños y perjuicios a las empresas en favor de los Ayuntamientos afectados – hoy es una realidad, y de un plumazo se han resuelto esos contratos ¿se les están pidiendo a las empresas, que han incumplido sus contratos, esos daños y perjuicios?
  • A la vista de las numerosas irregularidades de la propia Administración, certificadas por la Cámara de Cuentas, y de las muchas que quedan por aclarar, como la licitación de depuradoras sin haber recibido las competencias de los respectivos Ayuntamientos ¿no pretenderá ahora la DGA cubrir todo esto con un tupido velo?
  • En la medida que los jueces están certificando que los Ayuntamientos deben pagar esas injustas multas, por no disponer de las depuradoras que debió construir la DGA con el dinero que llegó de Madrid ¿pagará la DGA esas multas?
  • ¿Recuperarán los Ayuntamientos del Pirineo la pérdida patrimonial que les supuso el que la DGA se gastara los 140 millones que llegaron de Madrid (de los 169 comprometidos), en obras que no eran de interés general, bajo los habituales criterios clientelares?
  • ¿Se abrirá un proceso de “oferta de empleo público”, con valoración de méritos, para los puestos de trabajo que requiera esa nueva Dirección General de Aguas, tal y como exigen los sindicatos, o se dará por buena la contratación y designación a dedo que imperó en el IAA?

 

 

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