La privatización del agua y la estafa del ICA

Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos por la provincia de Zaragoza en el Congreso de los Diputados.

El Plan de Saneamiento fue una operación de privatización del agua, diseñada y gestionada por el PAR, con el visto bueno del PSOE, con Marcelino Iglesias, y del PP, con Luisa Fernanda Rudi. Una operación en la que se combinaron chapuzas y clientelismo, tan habituales en nuestra tierra, con oscuros negocios que apuntan a lo que podría ser la mayor trama de corrupción en la historia de Aragón.

Aprovechando la alarma que levantó en muchas alcaldías la obligación europea de sanear los retornos, y pretextando la incapacidad financiera de los Ayuntamientos, la DGA decidió apoderarse de las competencias municipales en saneamiento, para luego privatizar el servicio por comarcas.

El Plan de Saneamiento, que fue elaborado por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) dependiente de la DGA, sobredimensionó y sobre-tecnificó las instalaciones. En Zuera, por ejemplo, la depuradora es diez veces más grande de lo necesario; en decenas de pueblos deshabitados se elaboraron costosos proyectos, al igual que en otros muchos, con poblaciones exiguas, que necesitarían, a lo sumo, una simple fosa séptica. Pero sobre todo, los sobrecostes llegaron por la sobre-tecnificación, con depuradoras intensivas en municipios de menos de 2000 habitantes, tan innecesarias como caras, ignorando de forma sospechosa las recomendaciones del CEDEX (el cuerpo de ingenieros del Estado), que insistían en usar tecnologías extensivas, como la de la depuradora de Fabara, que nunca cedió competencias. El resultado, tras 10 años en funcionamiento: un saneamiento eficaz, 15 veces más barato que el de la depuradora intensiva proyectado por el IAA.

Como consecuencia de todo ello, el coste por metro cubico saneado es el más caro, con diferencia, de toda España; cuatro veces el de regiones con estructura poblacional similar. En un país en el que cada día emergen nuevos casos de corrupción, estos injustificables sobrecostes suscitan, cuando menos, lógicas sospechas de corrupción.

Lo que estaba previsto era que Zaragoza, aún sin haber cedido competencias, pagara, con el llamado ICA (Impuesto de Contaminación del Agua), los sobrecostes de este tenebroso negocio, dispersándolos en su población. Una estrategia, similar a la empleada en Madrid por el PP, a través del Canal de Isabel II, con incrementos tarifarios que podrían pasar relativamente desapercibidos y justificados, para colmo, en nombre de la solidaridad autonómica.

Sin embargo, en este caso, ha acabado cumpliéndose el lema de que “la avaricia rompe el saco”. El reventón de la burbuja financiera y la resistencia del Ayuntamiento de Zaragoza a que sus vecinos pagara esta oscura privatización del agua, derivó en una descomunal quiebra. Sin siquiera empezar las obras en zonas como el Pirineo y el Bajo Aragón, la banca salió huyendon y las empresas incumplieron sus contratos. A pesar de ello, la DGA no ha denunciado ni resuelto esos contratos con la lógica exigencia de daños y perjuicios en favor de los ayuntamientos.

¿Cómo explicar 6 años de incumplimiento mirando hacia otro lado, sin deducir posibles chantajes sobre los responsables políticos, bajo la amenaza de desvelar prácticas corruptas en la adjudicación de esas concesiones a cambio del correspondiente porcentaje? ¿Cómo se explica que los 140 millones de euros que le llegaron a la DGA, por el convenio firmado con el Ministerio, para construir las depuradoras del Pirineo (como obras de interés general del Estado) se desviaran a otras obras, que no son de interés general?

En su día, la DGA aceleró y forzó la entrega por parte de los ayuntamientos de terrenos y competencias, para que el IAA licitara las depuradoras, aún sabiendo que no se construirían, para así empezar a cobrar el ICA. De esta forma, estos municipios estafados, sin depuradoras, vienen pagando, por un lado el ICA al IAA, y por otro lado, el máximo canon de vertido a la CHE (es decir al Ministerio) e incluso multas, por no disponer de las depuradoras que el propio Ministerio debería haber construido con los fondos que entregó a la DGA.

Por otro lado, la DGA forzó también la cesión de competencias por parte de Huesca, Teruel y 38 cabeceras comarcales, que disponían de depuradoras propias, pagadas por fondos europeos, con lo que el IAA cobra a sus vecinos, como ICA, entre 2 y 6 veces lo que les costaríal a los Ayuntamientos gestionar sus depuradoras. Aún así, el déficit es insostenible.

En este contexto, la DGA ha aprovechado los nuevos presupuestos para imponer el ICA en Zaragoza, sin negociar siquiera el convenio que estaba previsto, lo que supondrá un pago extra de 30 millones entre 2016 y 2017, a cambio de nada, más allá de lo que pagamos al Ayuntamiento por nuestras depuradoras de la Cartuja y la Almozara.
La DGA ignora así los compromisos que firmaron PSOE y CHA, junto a PODEMOS, IU, EQUO y ZeC, poco antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas:

– Exención de pago del ICA a los municipios estafados que no tienen depuradora.

– Moratoria en el cobro del ICA en Zaragoza y municipios que no cedieron competencias y gestionan sus depuradoras, hasta que se realice y se valore una Auditoría que clarifique costes y responsabilidades.

Tras múltiples presiones y chantajes sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA ha forzado la entrega del padrón, con lo que, con lo que Zaragoza recibirá en breve un notable “TARIFAZO”, tan injusto como doloroso, especialmente para las economías más endebles. Los vecinos y vecinas debemos saberlo y prepararnos.

Este texto pertenece a la 1ª edición del periódico ‘La Plaza’, editado por Podemos Zaragoza, del que este verano se repartirán 35.000 ejemplares de modo gratuito para informar a la ciudadanía sobre este y otros asuntos relacionados con la gestión de un bien necesario para la vida como es el agua.

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