Enterrar el muerto, rápido y hondo

Artículo de opinión publicado en El Periódico de Aragón el 28 de junio.

El Gobierno de Aragón nos ha sorprendido con una doble decisión en torno al empandullo del saneamiento en Aragón; la disolución del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y la derogación del Plan de Saneamiento del Pirineo.

En lo que se refiere a la disolución del IAA, es una propuesta de la RAPA (Red Agua Pública de Aragón), que en un principio se tildó de radical e infundada, para más adelante considerarla razonable. El argumento desde un principio, era claro: este tipo de instituciones públicas se justifican cuando la Administración debe afrontar frecuentes compras, ventas y demás operaciones mercantiles. En tal caso la figura de un instituto público, como el IAA, tiene sentido, al conseguirse una estructura de corte empresarial que agiliza los trámites mercantiles; aunque, eso si, a costa de reducir el control y vigilancia de la Intervención del Estado, hacer más opaca la gestión pública, realizar contrataciones de facto a dedo por la dirección, fuera del control de sindicatos y al margen de las exigencias funcionariales… Sin embargo, dadas las escasas competencias en materia de aguas que le corresponden a la DGA, y el tipo de funciones, esencialmente administrativas, que se derivan de ellas, lo razonable habría sido organizar una buena Dirección General de Aguas. La única razón para crear el IAA no pudo ser otra que la de organizar una estructura opaca para organizar el negocio de la privatización del agua. Y ciertamente ese operativo, que diseñó y administró el PAR, bajo la dirección de Boné, con el visto bueno de los gobiernos de Marcelino Iglesias y de Luisa Fernanda Rudi, cumplió a las mil maravillas esa expectativa de opacidad y descontrol, como ha certificado el reciente informe de la Cámara de Cuentas, insistentemente pedido por RAPA y forzado por Podemos en las Cortes.

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