Conclusiones sobre el proyecto de Mularroya

Foto: Aguariosypueblos.org

¿Qué aportaría el proyecto de Mularroya?

 Mularroya situaría su lámina de agua en una cota que oscilaría entre 445 y 477 m, por lo que el embalse dominaría por gravedad los territorios más cercanos al eje del Jalón, en los que nunca falta agua en el acuífero, ni siquiera en años de sequía; pero no los territorios con problemas derivados de la sobreexplotación. Para servir caudales a estas zonas habría que superar casi 150 m de desnivel, a los que habría que añadir unos 60 m más por pérdida de carga, dada la distancia en horizontal.

En la zona dominada por la cota de Mularroya, el único problema que se plantea es el de la escasez de caudales de superficie en años de sequía. Al respecto, los propios regantes encontraron una solución eficaz y viable, tras la sequía del 1992-95: perforar pozos de sequía en sus fincas que usan sólo, o fundamentalmente, en años de sequía a coste muy bajos, dado que el  agua  está a unos 50 m de profundidad.

¿Qué costes tendría el metro cúbico regulado por Mularroya?

 Con los últimos datos sobre la inversión total que requiere el proyecto de Mularroya, el coste de amortización a 40 años sería de 9,8 M€/año. Tomando en cuenta el volumen medio que se espera ofrecer de forma efectiva (unos 50 hm3), el coste, tan sólo en amortización de inversiones sería de 0,19 €/m3, con lo que una dotación de 7000 m3/ha/año, supondría un coste impagable de 1.330 €/ha/año.

 Si calculamos cánones y tarifas desde la normativa vigente, que no cumple el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco de Aguas (una perspectiva realista de futuro debería considerar valores muy superiores de cánones y tarifas), cargando la amortización de las obras sobre la superficie dominada, es decir sobre los potenciales beneficiarios directos del proyecto, resultan 424 €/ha/año el primer año, y 386 €/ha/año en media durante los 10 siguientes años. Hay que tener en cuenta que ese cálculo se ha hecho repartiendo costes entre 16.000 ha ya regadas, la mayoría de las cuales se verían beneficiadas de forma muy marginal por Mularroya; y 5000 ha de posibles nuevos regadíos, superficie que ni siquiera fue delimitada, ni existen planes, ni presupuestos de transformación. Y por supuesto, nada se sabe sobre la voluntad y disposición al pago para realizar esas transformaciones; pero lo que si resulta evidente es que tal disposición al pago no se daría en los regadíos existentes de aguas superficiales, ya que la disponibilidad de aguas subterráneas en esas zonas cercanas al Jalón está asegurada a costes mucho más económicos.

 Esta previsible perspectiva de impago, ya experimentada en el bombeo de la Tranquera (abandonado de hecho), se pretende eludir con una nueva estrategia de cálculo de cánones y tarifas consistente en repartir la amortización de la inversión entre todos los usuarios de la cuenca.

Debe exigirse, cuando menos, clarificar esta cuestión ante los vecinos y regantes de toda la cuenca del Jalón y contrastar su disposición al pago de estas cantidades, antes de seguir gastando esos casi 200 millones de € de todos y todas.

El impacto ambiental y la legislación europea vigente

 La construcción del pantano, el azud y el túnel afectan directamente a una zona ZEPA, Desfiladeros del Jalón, y a cuatro LIC incluidas dentro de la Red Natura 2000, sin que se hayan establecido, en la evaluación de impacto ambiental, medidas suficientes para corregir los efectos irreversibles que producirán las obras proyectadas. En concreto, el proyecto se localiza en el interior de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Desfiladeros del río jalón” y afecta al Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Hoces del Jalón” y al LIC “Cueva del árbol”; se localiza en el interior del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del águila-azor perdicera, una especie en peligro de extinción según el Catálogo Aragonés de especies amenazadas, y afecta directamente a una zona crítica y zonas potenciales de reproducción, y por lo tanto de recuperación.

En un principio, en su día, la zona afectada fue declarada como IBA por SEO/BirdLife. Sin embargo, la DGA eludió declararlo ZEPA, dejando un hueco artificial, justo donde se preveía hacer el embalse. Tal irregularidad fue denunciada y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón obligó a la DGA a declarar la zona como ZEPA.

Posteriormente, en 2003, se redactó un primer estudio de impacto ambiental (EIA) que era de muy baja calidad. En dicho estudio no se proponían prácticamente medidas ambientales  fundamentales para poder tratar de hacer compatible el proyecto con el entorno natural . Concretamente la inexistencia de medidas compensatorias y la deficiencia de medidas correctoras, tras interponer un recurso, conllevó la anulación por parte del Tribunal Supremo del anteproyecto, del proyecto y del EIA. La sentencia destaca la inexistencia de medidas correctoras en relación con las especies de flora que se encuentran en los LIC afectados por la lámina de agua del embalse, que ineludiblemente inundaría los LIC. De ésta manera, y dada la imposibilidad de proponer medidas correctoras que impidan que la lámina de agua inunde los LIC (salvo no ejecutar el proyecto presentado), el embalse de Mularroya se puede considerar ambiental y jurídicamente inviable.

El Estado recurrió esa sentencia, para poder iniciar las obras, lo que le permitió abrir un periodo en el que se hicieron voladuras que generaron enormes impactos sobre el hábitat tanto en los LIC, por los movimientos de tierras, como en los cortados rocosos, hábitat de las especies de aves, sobre todo rapaces, que se reproducen en los roquedos y por las que se declaró la ZEPA “Desfiladeros del Río Jalón”. Finalmente la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por el Estado y se paralizaron las obras, reforzando los argumentos ambientales y jurídicos expresados por las organizaciones en contra de Mularroya.

En un segundo estudio de impacto ambiental, sin duda de mayor calidad que el primero, se propuso minimizar los impactos en los hábitats en un cierto porcentaje. Sin embargo a pesar de su mayor calidad sigue sin proponer medidas correctoras para evitar la afección de los hábitat y especies de plantas amenazadas que se encuentran en los LIC, sobre todo porque es imposible evitar que la lámina de agua inunde y por tanto destruya los hábitat y especies de flora incluidas en el LIC. En éste mismo EIA, aunque se añaden medidas compensatorias, resultan a todas luces insuficientes para compensar el impacto ambiental de un embalse que está en el corazón de una ZEPA y afecta a LICs.

Consciente del impacto ambiental de un embalse sobre la Red Natura 2000, el Gobierno buscó una nueva opción, promoviendo una “Declaración  de Interés General”, con el fin de poder excepcionar el impacto sobre las zonas protegidas, sin siquiera proponer medidas ambientales compensatorias. De ésta manera, no existe la opción de reducir el impacto ambiental de Mularroya sobre la Red Natura 2000 y sobre las especies catalogadas.

Por otro lado, tal y como se ha reseñado anteriormente, el régimen de caudales ecológicos a respetar, tanto en el Jalón, como en el Grío, no ha sido calculado. Tan sólo se dispone de una extrapolación del régimen ecológico calculado en la estación de aforo de Grisén, muchos kilómetros aguas abajo, estimación que la propia DIA consideraba una pura referencia provisional a sustituir por una valoración específica en el Plan Hidrológico del 2015, con arreglo a las metodologías de la Instrucción de Planificación (IPH 2008), valoración que el Plan en cuestión no recoge.

Por último destacar que la Red Natura 2000 debe disponer de planes de gestión que marquen los pasos a seguir, de obligado cumplimiento, por los Estados y Autonomías con competencias en medio ambiente, como compromisos ineludibles de las Directivas Europeas. En el caso de la ZEPA y LICs afectados por el embalse de Mularroya no existen los planes de gestión por lo que ni tan siquiera se dispone de las herramientas mínimas que podrían garantizar la adecuada gestión de esos espacios naturales. Finalmente el Estado español tiene una carta de emplazamiento con un riesgo real de sanción por parte de la Comisión Europea, por no disponer de estos planes de gestión y por lo tanto no poder garantizar los objetivos de conservación por los que fue declarada la ZEPA y los LICs.

En suma, la ubicación de éste embalse, en un enclave de alto valor ecológico, implica un impacto ambiental grave, no sólo en base a criterios técnicos y científicos, sino por la sentencia de la Audiencia Nacional que llega a desestimar el Recurso del Estado y paraliza las obras. A ésta grave perturbación de un espacio natural protegido, se añade la nula gestión por parte del Gobierno de Aragón, tanto de la ZEPA como de los LICs, en una clara dejación de funciones.

El Estado y el Gobierno de Aragón deberían potenciar el desarrollo rural en la zona de Mularroya, sobre la base de conservar sus valores naturales, por los que se declararon ZEPA y  LICs, en vez de promover proyectos que los destruyen. Una adecuada gestión de la Red Natura 2000 debe ser un factor clave de desarrollo socioeconómico de los territorios que albergan esos espacios protegidos.

 

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