Ada Colau: El último puente…

Pedro Arrojo Agudo- Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza

En medio del dolor y de la perplejidad que nos provoca a muchos el desgarro de Cataluña, espero que seamos muchos también quienes, aún a riesgo de ser incomprendidos por unos u otros, aquí y allá, asumamos el reto de defender los últimos puentes de fraternidad, y de reconstruir los ya dinamitados, entre Cataluña y el resto de pueblos que forman España.

Uno de esos puentes, quizás el más importante en el ámbito de la política, es el que sustentan Ada Colau, desde Barcelona, y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea desde las Cortes, en Madrid. Desde hace años Ada Colau viene sosteniendo una defensa perseverante del “derecho a decidir” sobre la base de un referéndum pactado, auspiciando la perspectiva de un nuevo encaje democrático de Cataluña en una futura España Federal. Su defensa de ese referéndum pactado le costó de hecho fuertes ataques del bloque independentista cuando, tras la movilización ciudadana del 9N del 2014 en Cataluña, dicho bloque, con la Generalitat al frente, valoró que ya no era necesario hablar de Referéndum y se trataba simplemente de consumar la independencia.

Hoy, tras la jornada del 1-O, con la insensata intervención policial ordenada por el Gobierno del Sr. Rajoy, nos encontramos con un escenario parecido: por un lado el bloque independentista, a punto de pasar página con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprovechando la masiva indignación popular que les ha regalado el Gobierno del PP; y por otro lado Ada Colau, exigiendo abrir un espacio de diálogo que permita negociar un referéndum pactado, en la perspectiva de una ineludible reforma constitucional, como única forma de abrir una opción democrática de unidad y fraternidad entre los diversos pueblos de este país de países que es España. Y de nuevo, recientemente, escuchábamos a una dirigente de la CUP amenazar a los Comunes de Ada Colau, en un acto público compartido por quienes rechazaban la acción policial del Gobierno, con la famosa frase de “Roma no paga a traidores”, por oponerse a la DUI y seguir demandando un referéndum pactado.

En estos días me pregunto sobre la coherencia de quienes claman, bandera de España en mano (constitucional o no), en contra de que se vayan los catalanes, al grito de “a por ellos”. Supongo que algunos piensan (o pensaban) que se trata de cuatro radicales que ponen en peligro la unidad de España, y hacia ellos iría dirigido ese “a por ellos”. Pero, después de ver las imágenes de la movilización ciudadana en Cataluña, tanto en TV como en redes, me pregunto si pueden seguir pensando que se trata de “cuatro radicales”. Simplemente no es posible. Con lo cual, me veo forzado a pensar lo que no me gustaría pensar: que lo que desean es que se humille a ese 50% del pueblo catalán, o al 70% que se movilizó, o cuando menos se indignó, con la acción policial comandada por la Vicepresidenta Soraya Sainz de Santamaría. Pero si es así, lo que se alienta y se invoca no es una relación de fraternidad, sino de “propiedad”, similar a esa demencial expresión, que se repite en nuestra sociedad desgraciadamente cada dos por tres, de  “la maté porque era mía”. Y lógicamente, no sólo así se entiende ese pretendido “fervor patriótico” español en Cataluña, sino que, sobre esa base, crece el simétrico “fervor patriótico” catalán, al entenderse esa exigencia de unidad como una imposición y una amenaza de dominación neocolonial, amparada en la violencia.

Pues bien, frente a esa radicalización que alimenta la confrontación, Ada Colau mantiene, por encima de amenazas de unos y otros, su llamamiento a “no conformarse: NI con la DUI, NI con el 155”, como decía ayer mismo en redes. Un llamamiento que sintoniza con lo que pide la mesa por el diálogo, impulsada por el grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con lo que plantea el Colegio de Abogados y las universidades catalanas, con lo que sugiere la propia Iglesia e incluso con lo que, tímidamente y de manera vergonzante, aunque cada vez más clara, expresa ya la Unión Europea: promover el diálogo, acordando entre Gobierno y Generalitat un mediador.

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